En una reciente entrevista con el programa estadounidense “60 Minutes” de la cadena CBS, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió el silencio sobre un tema controversial que ha marcado su administración: la producción de fentanilo dentro del territorio mexicano.
Durante la conversación con la corresponsal estadounidense Sharyn Alfonsi, López Obrador admitió, por primera vez en cinco años de gobierno, la fabricación de esta sustancia en México.
La discusión sobre el fentanilo, un opioide sintético considerado altamente adictivo y peligroso, ha estado en el centro de las conversaciones sobre narcotráfico y seguridad entre México y Estados Unidos.
En respuesta a Alfonsi, quien cuestionó la afirmación del Departamento de Estado de EEUU de que la mayoría del fentanilo proviene de México, el mandatario refutó indicando que dicha información “está incompleta”, pues argumentó que los precursores químicos necesarios para su producción llegan de Asia y que los dos países vecinos de México de igual forma participan en su producción.
Durante la entrevista, al ser interrogado sobre la violencia relacionada con el narco en México, López Obrador argumentó que en México no se consume tanta droga debido a las “costumbres y tradiciones” del país, así como que en México no hay problemas de desintegración de la familia, y remarcó que el problema de violencia se debe al tráfico de drogas, no al consumo interno.
Luego de que la reportera insistió en que en el territorio mexicano sí hay consumo de drogas el mandatario contestó: “Pero muy poco”.
El presidente defendió su estrategia de seguridad, conocida popularmente como “abrazos, no balazos”, asegurando su efectividad al afirmar que en México “no hay impunidad”.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los datos proporcionados por organizaciones civiles como México Evalúa, que indica que solo 4 de cada 100 delitos son investigados en el país.
Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la negativa rotunda de López Obrador a considerar la comunicación o negociación con grupos criminales. Al ser consultado sobre si sería posible entablar un diálogo con los cárteles para solicitar el cese de sus actividades ilícitas, el presidente rechazó tajantemente la idea, señalando que la única vía posible es la aplicación de la ley.
—¿Puedes comunicarte con el cártel y decirle: ‘ya basta’?— dijo la periodista, a lo que éste contestó —No, no, no, no, no. Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley. Pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal […] con delincuentes no se puede negociar—, dijo.
La admisión de López Obrador sobre la producción de fentanilo en México, junto con su rechazo a negociar con criminales, plantea nuevos desafíos para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en términos de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. A tan solo siete meses de concluir su mandato, estas declaraciones podrían redefinir la agenda de seguridad de ambos países y recalibrar las estrategias en la lucha contra el fentanilo y otras sustancias ilícitas.
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 21 individuos y seis compañías mexicanas asociadas al Cártel de Sinaloa, acusándolos de participar en operaciones de lavado de dinero derivadas del tráfico de fentanilo. Esta medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, busca minar las finanzas del cártel, especialmente las ganancias obtenidas del narcotráfico en el mercado estadounidense.
La estrategia utilizada por estas entidades, según revela la investigación de las autoridades estadounidenses, involucraba la compra y venta de teléfonos celulares a través de empresas como Smart Depot, ubicada en México. Las transacciones permitían que los ingresos ilegales generados en dólares se convirtieran en pesos, facilitando así el flujo de capital dentro del cártel liderado por figuras como los hermanos Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marín González. Estos sujetos, según las autoridades, utilizaron las ganancias del narcotráfico para adquirir equipos móviles en Estados Unidos, que posteriormente vendieron en México.
Además de impactar directamente a los involucrados en el lavado de dinero, las sanciones buscan cortar el suministro de fentanilo a Estados Unidos, droga responsable de una alarmante cantidad de muertes por sobredosis en el país. La acción conjunta entre Estados Unidos y México también sanciona a operadores clave en la red de narcotráfico y lavado de dinero, incluyendo a proveedores de fentanilo conocidos como Los Chapitos, relacionados con los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán.
Entre otras empresas señaladas se encuentran Bufaluss y Dulce Volcan del sector alimentario, así como las tiendas de ropa Royal Room Dress y Total Look, todas radicadas en Culiacán, Sinaloa, y vinculadas a Adilene Mayre Robledo Arredondo e Iván Yareth Robledo Arredondo, quienes además están acusados de reclutar a otros para participar en esquemas de lavado de dinero.
La medida implica el bloqueo de todos los activos y participaciones en bienes de los individuos y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Con estas acciones, el gobierno de Estados Unidos reafirma su compromiso en combatir las redes de droga y lavado de dinero, utilizando todas las herramientas a su disposición para desmantelar las operaciones financieras de los cárteles que amenazan la seguridad y salud pública.
