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Piden justicia para Mónica ‘injustamente presa’ acusada de homicidio en Edomex

La defensa y madre de Mónica Rosales Valeriano, quien fue detenida el 31 de octubre de 2022 por el homicidio de un hombre y hoy se encuentra presa injustamente en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, pidieron que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), que revise el caso y se haga justicia.

“Ella es madre de tres hijos (un joven, una niña de 12 y un niño de 10 años) llevaba ocho años separada de su pareja sentimental luego de que fuera baleada, sin embargo, al intentar rehacer su vida fue detenida por el homicidio de una persona que era su inquilino. Ella no tenía relación ni con la ofendida ni con el occiso”, detalló Sandra Valeriano Pineda, madre de Mónica.

La mujer que es diabética y está a cargo de sus nietos, refirió que la defensa ya apeló la sentencia que se emitió el pasado 1 de marzo y establece 47 años y seis meses de prisión, por lo que solicitó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que haga justicia y se aplique la ley como debe ser porque, hasta el momento, no hay pruebas en contra de su hija.

Acusan falsedad de testimonio
En conferencia de prensa Leticia Fernández, abogada de Mónica y representante de la Fundación Mujeres Construyendo, explicó que después de haber apelado la primera sentencia, que también fue por 47 años, pero que fue desechada; el pasado 26 de febrero reinició el juicio 2037-2023 y el ministerio público, Héctor Miguel Cruz Guadarrama, nunca pudo desahogar el testimonio de la ofendida, que fue la única testigo presencial de los hechos, porque está en Estados Unidos y no tiene internet.

“El juez Víctor Martín Mejía Hernández le concedió todo el tiempo necesario a la Fiscalía para que pudiera desahogar las pruebas, sin embargo, no lo hizo. Después de cuatro horas el juez decidió dar por desierta la prueba, es decir, la desechó”.
Para ese entonces -detalló- el ministerio público desahogó una pericial en materia de criminología al primer respondiente de la policía municipal y a un testigo de identidad, que es hermano de la persona que lamentablemente perdió la vida. Al día siguiente -apuntó- desahoga una prueba que reservó e incluye a la policía ministerial María Guadalupe Rodríguez González, cuyo trabajo era hacer el levantamiento del cadáver.

“Esta prueba solo fue aprobada con la finalidad de que se hablará del lugar de los hechos, cómo inspeccionó y cómo acompañó al levantamiento del cadáver. Sin embargo, se vio como estrategia de manera dolosa porque el ministerio público introdujo como pasó el hecho a través de lo que replica la policía ministerial”.

Enfatizó que solo se trató de un testimonio de oídas, que la policía dice que le platicó la ofendida, sin embargo, no lo plasmó en su informe de investigación, pese a que el protocolo establece que sea por escrito para que lo conozca la defensa y se ejerza el principio de contradicción. “Por lo tanto, no nos puede sorprender que ahora una persona introduzca una información diversa para lo cual está afectada”.

Leticia Fernández lamentó que el solo dicho de una persona fuera suficiente para interponer una condena de 47 años seis meses de prisión Mónica, sin la imputación directa y sin que ningún otro medio de los cuatro que ofreció la Fiscalía, determinará la manera en cómo sucedieron los hechos.

“El occiso presenta una herida en la parte baja de la axila del lado izquierdo, en el vehículo impactado no hay una sola bala que haya penetrado por el lado izquierdo, y la trayectoria de la bala fue de abajo hacia arriba. Muy lamentable la perdida de vida de una persona, pero no se la podemos atribuir a una persona solo por encontrar un culpable o llenar una estadística como está sucediendo en el caso de Mónica”.
Ya apelaron la sentencia
Añadió que con la apelación interpuesta el pasado 15 de marzo la intención es que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) revise el caso y aclaró que su intención no es hacer presión social por hacerla, sino liberar a alguien que es inocente.

 “Tenemos hasta cuatro meses para que nos responden, pedimos que se revise minuciosamente el caso pues no existe prueba circunstancial. Buscamos un juicio estrictamente apegado a lo que marca la ley”.
Por último, mencionó que también levantaron una denuncia en contra de la policía de investigación, María Guadalupe Rodríguez González, por falsedad de declaraciones.

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